La discriminación es uno de los problemas más graves que afecta a la
sociedad pues perpetúa un contexto de desintegración de parte de ciertos
sectores e instituciones contra aquellos que son considerados como diferentes y
hasta inferiores. La existencia de prácticas discriminatorias en nuestra
sociedad es amplia y frecuente, sus manifestaciones se encuentran presentes en
la mayoría de las interacciones sociales.
Sin embargo, la discriminación no es sólo racial sino que coexisten múltiples discriminaciones: por el sexo, opción sexual, situación económica, idioma, religión, cultura, lugar donde se estudió, apellidos, etc., lo que se refleja en la práctica educativa cotidiana.
En el Perú una persona puede pasar fácilmente de discriminador a
discriminado de acuerdo a las circunstancias de un determinado momento o del
grupo social en el que se desenvuelva. Sin embargo, difícilmente alguien
admitirá que es racista o que tiene actitudes o comportamientos
discriminatorios.
Frente a esta situación, el Estado no ha desplegado una política consistente y eficaz que permita revertir esta problemática. Las políticas públicas que deberían estar destinadas a eliminar las desigualdades y las inequidades han resultado insuficientes y, en algunos casos, han contribuido a preservarlas.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha iniciado una línea de
intervención defensorial en este tema debido a la gravedad de los actos de
discriminación que afectan a los derechos de las personas. Esta decisión emerge
de la preocupación por la inadecuada respuesta que brindan las autoridades para
prevenir, investigar y sancionar los casos que se presentan, los esfuerzos
todavía insuficientes por parte de las autoridades para que las políticas
públicas atiendan las necesidades de todas las personas sin discriminación.
Es preciso iniciar un proceso de reconocimiento y aceptación de las
diferencias étnicas, raciales, culturales, sociales, religiosas, sexuales,
físicas, entre otras, que signifique una revisión crítica de muchas de nuestras
concepciones sobre ser persona y ciudadano. El debate debe centrarse no en
eliminar las diferencias, sino, por el contrario, en cómo las vivimos y damos
pasos cualitativos para la construcción de una sociedad pacífica, más
democrática e igualitaria.
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